Una ONG con nexos episcopales aborda los desplazamientos forzosos en Centroamérica

November 21, 2018

Una familia de cuatro se incorpora a una caravana que sale de la plaza Salvador del Mundo el 31 de octubre de 2018. Foto de Lynette Wilson/ENS.

[Episcopal News Service – San Salvador, El Salvador] Familias con niños pequeños, madres solteras y sus bebés, hombres y mujeres jóvenes, adolescentes y ancianos, se reunieron una mañana de fines de octubre en la Plaza Salvador del Mundo, aquí, para formar una caravana y comenzar el largo recorrido hacia el Norte a través de El Salvador, Guatemala y México y, para algunos, finalmente, la frontera de EE.UU.

La Oficina de Relaciones Gubernamentales de la Iglesia Episcopal con sede en Washington, D.C., compiló Una respuesta fiel a la caravana: cinco cosas a saber

Esa fue la segunda de las tres caravanas que partieron ese día de la plaza, donde una estatua representa a Jesucristo, salvador del mundo, de pie sobre el planeta Tierra. Unas 250 personas —muchas de ellas llevando sólo mochilas y agua embotellada, otros cargando grandes maletas que resultarían difíciles de manejar al cabo de unas pocas cuadras de camino— salieron en la segunda caravana; otros se les unirían a lo largo del trayecto para el viaje de 4.180 kilómetros. Las caravanas que salieron de El Salvador seguían a una que partió de Honduras a principios del mes.

Carla, de 29 años y su hijo de 4, Anderson Roberto, se encontraban en la segunda caravana salvadoreña que salía ese día. Carla dio su apellido, pero lo reservamos en interés de su seguridad. Madre de tres hijos, dejó a sus hijas de 8 y 2 años detrás con el padre de ella; sería demasiado difícil viajar con tres niños, dijo. Quiere darle a su hijo una vida mejor, y conseguir un empleo para sostener a su familia. Fue una decisión que Carla dijo que había contemplado durante cinco años. Mientras habla, Anderson Roberto llora y se aferra a sus piernas.

Carla, de 29 años, y su hijo Anderson Roberto, de 4, estaban entre las 250 personas que salieron de San Salvador en una caravana el 31 de octubre de 2018. Foto de Lynette Wilson/ENS.

A través del Triángulo Norte de América Central, una región que incluye El Salvador, Guatemala y Honduras, más de 700.000 personas se han visto obligadas a desplazarse por la violencia. El desplazamiento forzoso —sea reconocido o no— se ha convertido en un problema político en la región, y en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha definido a los migrantes económicos y solicitantes de asilo como un “asalto a nuestro país”, su gobierno ha desplegado 8.000 soldados en la frontera. El Presidente ha prometido negar solicitudes de asilo a los migrantes que intenten entrar ilegalmente en Estados Unidos, es decir no a través de los puntos de ingreso asignados.

Ya estamos llegando a la frontera

Cientos de migrantes centroamericanos llegaron a Tijuana, México, el 14 de noviembre, y otros más les siguieron el día 15, según funcionarios municipales que se empeñaban en ofrecer albergue en lo que podría ser una extensa estadía.

“Estos no son delincuentes”, dijo Celia Medrano, directora del programa regional de Cristosal, una organización no gubernamental con sede en San Salvador, que tiene nexos episcopales y recibe apoyo de la Iglesia. Medrano monitoreaba el movimiento de la caravana a través de El Salvador mediante un grupo de WhatsApp. “No son malas personas, son personas que buscan trabajo y huyen de la violencia”.

Tal era el caso de José Antonio, de 34 años, que hace dos años perdió su empleo en un supermercado donde había trabajado durante 15 años. José Antonio, que rehusó dar su apellido, su esposa Daisy, de 34 años, y sus dos hijos: María, de 11, que llevaba puesta una gorra de Frozen   —propaganda de Disney de la popular película— y Uriel, de 4, que llevaba una gorra de Cars.

La familia había estado viviendo con los padres de Daisy en Mejicanos, donde una acequia controlada por miembros de una pandilla pasaba por detrás de la casa. La familia, que llevaba comida suficiente para dos días, se proponía pedir ayuda en México y, tal vez, llegar finalmente a reunirse con unos parientes en Los Ángeles.

Los migrantes han estado viajando en caravanas desde los años 90, si bien la que salió de Honduras a principios de octubre es la más grande de la historia. El tamaño y la visibilidad de las caravanas rompen el paradigma del cruce clandestino de la frontera, ayudados a veces por tratantes de personas.

“Las caravanas representan un cambio en ese patrón”, dijo Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal y misionero nombrado por la Iglesia Episcopal.

Datos recientes muestran que muchas personas carecen de las redes familiares y de los recursos para desplazarse internamente y, por tanto, ven las caravanas como una opción viable, dijo Bullock.

“Lo que ha cambiado respecto a la inmigración es que no se trata de un mexicano solo cruzando la frontera para encontrar empleo. Son niños y familias de América Central que se presentan en la frontera y solicitan asilo o intentan encontrar protección, eso es lo que ha cambiado”, afirmó él. “De manera que incluso con estas caravanas no tienes todavía un aumento en la cifras que lleguen a cambiar la inmigración neta. La inmigración no se encuentra en alza, está en baja. Y cuando uno compara eso a movimientos de migrantes en cualquier parte del mundo, sigue siendo realmente pequeño, de manera que tienes un problema en esos tres países que es grave. Necesita solución y es completamente controlable. Si uno decide controlarlo”.

Nexos y apoyo episcopales a Cristosal

Cristosal comenzó en el año 2000 como una asociación entre clérigos episcopales de Estados Unidos y Salvador. Más tarde se convirtió en una organización no gubernamental independiente con un presupuesto de $2 millones que ha crecido de tres empleados en 2010 a más de 60 en tres países gracias a una subvención del Fondo Episcopal de Ayuda y Desarrollo, si bien mantiene estrechos lazos con la Iglesia Episcopal. Los episcopales donan $350.000 al presupuesto anual de la organización.

Cristosal tiene oficinas en El Salvador, Honduras y Guatemala. La USAID le otorgó una subvención para aumentar el conocimiento sobre el desplazamiento forzoso causado por la violencia y para apoyar el desarrollo de modelos para abordarlo, así como para establecer un mecanismo regional para rastrear y supervisar el desplazamiento forzoso en el Triángulo Norte, aumentar la capacidad de los tres países del Triángulo Norte para la creación de sistemas específicos de protección nacional para el desplazamiento interno y ensayar soluciones regionales que perfeccionen la protección comunitaria para las personas desplazadas.

Muchos hombres y mujeres jóvenes, familias y personas ancianas se unieron a la caravana que salió de San Salvador, El Salvador, el 31 de octubre de 2018. Fue la segunda de tres caravanas que partió para el norte ese día. Foto de Lynette Wilson/ENS.

“Lo que tanto nos incomoda es la idea de que los centroamericanos están tomando decisiones racionales; que las familias podrían estar evaluando su situación doméstica y considerándola tan grave que hacer cosas tan locas como enviar a sus hijos sin acompañamiento o salir caminando hacia Estados Unidos o lo que fuere, podría ser realmente una decisión racional”, afirmó Bullock.

Los líderes y funcionarios del gobierno no quieren reconocer que los migrantes están tomando una decisión racional, porque hacerlo “aumentaría las responsabilidades del Estado de proteger a las personas, de proteger los derechos humanos; ello cuestiona la narrativa de la inmigración tradicional que en gran medida [se presenta] como personas que vienen en busca de empleos y no como personas que huyen de algunos de los países más violentos del mundo”.

Por ejemplo, explicó él, Irak tiene una tasa de homicidios de 15 por cada 100.000 habitantes, y en El Salvador, aun después de una reducción de la tasa de homicidios, es aún de 60 por cada 100.000. Desde 2014, 7.000 niños han muerto en El Salvador.

“Es mucho más probable que uno muera de una muerte violenta siendo un centroamericano y un centroamericano pobre que si viviera en una zona de guerra en otras partes del mundo, no obstante, es más conveniente cuando la inmigración es gota a gota y clandestina. Y ahora es visible y debe verse como protesta”, dijo. “Las personas están protestando, protestando de que sus países no les ofrezcan opciones de protección y de libertad del temor… y protestan que al cruzar una frontera internacional no encuentren ningún lugar en el planeta donde puedan buscar fines legítimos en la vida”.

Un fenómeno global

El desplazamiento forzoso es un fenómeno internacional que alcanza la cifra récord de 68,5 millones de personas en todo el mundo, una población más grande que la del Reino Unido.

Sólo en El Salvador, se calcula en 296.000 el número de personas internamente desplazadas, lo cual significa que se han visto obligadas a huir de sus hogares, pero no han cruzado aún una frontera; mientras en Honduras, un cálculo conservador pone la cifra en 190.000. En Guatemala, el número pasa de 242.000.

De los tres países del Triángulo Norte, sólo Honduras ha reconocido la existencia de desplazamientos forzosos, estableciendo una comisión nacional para el estudio y la documentación de casos. Sin embargo, eso está a punto de cambiar. En julio, como resultado de la labor de Cristosal, el Tribunal Supremo de El Salvador le dio al gobierno seis meses para reconocer oficialmente el desplazamiento forzoso debido a la violencia en el país, designar una legislación y políticas especiales para la protección y asistencia de las víctimas y hacer de las víctimas del desplazamiento una prioridad en el presupuesto nacional.

“Es la responsabilidad del gobierno proteger a sus ciudadanos. Es un problema de seguridad”, dijo Elizabeth Ferris, durante una plática el 29 de octubre en la Universidad de América Central. “Hay una necesidad a corto plazo de abordar las necesidades de los migrantes y, a largo plazo, de reducir la violencia y de recuperar territorio”.

Ferris, profesora de investigación en el Instituto para el Estudio de la Migración Internacional de la Universidad de Georgetown y ex directora del Programa de Inmigración y Refugiados del Servicio Mundial de Iglesias, estaba en El Salvador para brindar experiencia técnica a fin de promover la legislación. Cuarenta países reconocen el desplazamiento forzoso, pero sólo 11 o 12 tienen estrategias para abordarlo, dijo Ferris.

A partir de 2013, individuos y familias empezaron a presentarse en la oficina de Cristosal en busca de ayuda, algunos de ellos remitidos por la embajada de EE.UU. porque en ese momento la Iglesia Anglicana-Episcopal de El Salvador reasentaba refugiados a través de la oficina de Cristosal.

“Incluso nos tomó mucho tiempo aprender el lenguaje en torno al desplazamiento. Primero, se trataba de personas afectadas por la extorsión y la violencia de las pandillas, y hay algunos que son refugiados, y luego aprendimos acerca del desplazamiento interno”, dijo Bullock.

Y entonces, en 2014, 69.000 menores sin acompañamiento, madres e hijos llegaron a la frontera de EE.UU., llamando la atención el elevado número de personas desplazadas forzosamente por la violencia en Guatemala, Honduras y El Salvador. La cifra en la frontera sudoccidental descendió a 59.692 en 2016 y a 41.435 en 2017, según el Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de EE.UU.

“Antes de la crisis de la migración infantil en 2014 no había ningún contexto para abogar o incluso para hablar acerca de desplazamiento debido a la violencia en América Central, y así cuando se produjo la crisis de la migración infantil, el gobierno de EE.UU. se vio sometido a una gran presión para venir a la región y encontrar qué podría hacerse”, explicó él. “Esa fue la primera vez que la violencia se vinculaba a la migración de una manera visible para el público de EE.UU.”

Para entonces, Cristosal tenía una experiencia práctica de dos o tres años de tratar con el desplazamiento forzoso debido a la violencia. La USAID reconoció su labor e instó a Cristosal a expandir su presencia y a crear una respuesta que se pudiera adaptar más allá de El Salvador, en Honduras y en Guatemala.

Sin embargo, fue el apoyo de las iglesias episcopales y de los episcopales individualmente lo que le permitió a Cristosal convertirse en una de las primeras organizaciones en abordar el desplazamiento forzoso en el Triángulo Norte.

“Lo importante que los episcopales deben saber es que la capacidad de Cristosal de ocuparse de un problema que nadie quería, antes que alguien más quisiera financiarlo, fue enteramente apoyado por los episcopales que creyeron en nosotros”, expresó Bullock. “Ese apoyo nos permitió convertirnos en un líder regional en la elaboración de una respuesta, y eso es algo que nunca quisiéramos perder: nuestra base de apoyo episcopal nos permite ser independientes y correr riesgos y elaborar una respuesta y luego atraer a donantes a nuestros asuntos mientras ascendemos. Eso es lo que funcionó para nosotros. Y queremos seguir haciéndolo”.

2014 también conmemoró el 30º. Aniversario de la Declaración de Cartagena, que enmendó  la Convención de los Refugiados de 1951 y la definición del protocolo de 1967 de lo que significa ser un refugiado: “personas que han huido de su país porque sus vidas, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado seriamente el orden público”.

El gobierno de Obama respondió a la crisis de los menores sin acompañamiento con un aumento de la seguridad en la frontera, detención e interdicción por parte de México, de menores y familias que buscaban refugio en Estados Unidos. Trump hizo de la reducción de la inmigración una pieza central de su campaña electoral. Luego, en los primeros ocho meses de 2018, los agentes del Servicio de Aduanas y Control de Fronteras detuvieron a más de 252.000 personas —32.371 menores sin acompañamiento y 59.113 familias en la frontera sudoccidental y la Administración comenzó a separar a las familias. La política de la separación de las familias coincidió con la llegada de la primera caravana, cuando, de los varios centenares de miembros que solicitaron protección, encontraron que el 95 por ciento tenía un temor creíble a la persecución y los remitieron a los tribunales de inmigración para una audiencia plena, según el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

El 22 de octubre, Trump amenazó con suspender la ayuda a América Central si los países no actuaban para frenar el flujo de migrantes.

En vísperas de las elecciones parciales del 6 de noviembre, Trump utilizó las caravanas como una táctica atemorizante, y su equipo político elaboró un anuncio en que presentaba a los inmigrantes como una amenaza violenta. La TV de EE.UU. y las redes sociales denunciaron el anuncio como racista. Las reducciones de la Casa Blanca de Trump al programa de reasentamiento de refugiados de la nación muestran un interés en limitar no sólo a la inmigración ilegal.

Estados Unidos fue un líder mundial en el reasentamiento de refugiados hace sólo dos años, cuando más de 80.000 refugiados fueron recibidos en el país con la ayuda de nueve agencias con contratos federales para hacer ese trabajo, entre ellas el Ministerio Episcopal de Migración. Ese número ha menguado durante la administración de Trump, la cual anunció el 17 de septiembre que reduciría aún más los reasentamientos, a no más de 30.000 al año.

La Ley de Refugiados de 1980 garantiza el derecho de una persona a solicitar asilo. Y fue una guerra civil y una crisis de refugiados lo que ha contribuido a la actual crisis de violencia en El Salvador.

“Cuando los refugiados salvadoreños se iban en los años ochenta, [sólo] al tres por ciento los reconocían como refugiados, obligando a los salvadoreños que venían a Estados Unidos a hacinarse en barrios marginales de nuestras ciudades, donde se convertían en pandilleros, y luego eran deportados a sus países de origen, lo cual nos da las bases de la violencia actual que está llevando a la gente a irse”, dijo Bullock.

La región tiene un interés estratégico en promover la protección y la seguridad en América Central, “porque un pueblo desestabilizado e desprotegido desestabiliza”, añadió Bullock.

Conflicto civil y justicia transitoria

De 1980 a 1992, El Salvador sufrió una guerra civil brutal entre un gobierno militar respaldado por EE.UU. y una coalición de grupos guerrilleros, organizada como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional o FMLN. La guerra fue provocada esencialmente por las flagrantes desigualdades que existían entre un pequeño grupo de elites ricas que controlaban el gobierno y la economía y la mayoría de la población que vivía en extrema pobreza.

Las negociaciones de los Acuerdos de Paz de 1992 incluyeron la formación de una comisión de la verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron durante la guerra civil. Sin embargo, una ley de amnistía de 1993 imposibilitó procesar los crímenes de guerra y reformar el sistema judicial, así como la policía y las fuerzas armadas, dando lugar a instituciones democráticas débiles y a persistente impunidad y discriminación de las víctimas. La gente que tenía poder político y económico lo mantuvo después que terminó la guerra.

En 2012, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos declaró que la ley de amnistía no podía proteger a los responsables de la masacre de El Mozote, donde los soldados del gobierno mataron a unas 800 personas, la mitad de ellos niños, en diciembre de 1981.

En El Salvador de la postguerra, las organizaciones populares de derechos humanos y justicia social han desempeñado un papel clave en proteger la memoria histórica y en sacar esos casos de las sombras de la historia. En 2016, Cristosal comenzó a valerse de un litigio estratégico a fin de obtener justicia para las víctimas y al objeto de ponerle fin a la inveterada cultura de la impunidad, y está trabajando tanto en la masacre de El Mozote como en la de El Calabozo de 1982.

El “litigio estratégico”, explicó David Morales, director de litigio estratégico de Cristosal y ex defensor de los derechos humanos de El Salvador, es una manera de brindar una “justicia transitoria”, que consiste en un proceso político y social destinado a aplicar la justicia y a abordar graves abusos de derechos humanos y en hacer responsables a los perpetradores de la violencia.

“Cristosal centra sus acciones legales en casos que tendrán mucho impacto”, dijo Morales. “La impunidad actual está vinculada a la impunidad en el pasado… a décadas de dictaduras, a abusos sistemáticos de derechos humanos. El Estado nunca creó un sistema de apoyo para las víctimas”.

–Lynette Wilson es reportera y jefa de redacción de Episcopal News Service. Pueden dirigirse a ella en [email protected]. Traducción de Vicente Echerri

 

The post Una ONG con nexos episcopales aborda los desplazamientos forzosos en Centroamérica appeared first on Episcopal News Service.

Related Topics: