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LA IGLESIA
EPISCOPAL PROTESTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Ante el Panel de Audiencia de la Junta Disciplinaria para Obispos

En el asunto del Rvdmo. Prince G. Singh
(Asunto de la Diócesis de Rochester)

Declaración de presuntas infracciones

El abogado de la Iglesia, de conformidad con el Título IV, Canon 13, artículo 2 de los Cánones de la Iglesia Episcopal Protestante de los Estados Unidos de América (a los que se hace referencia en la presente Declaración, respectivamente, como los «Cánones» y la «Iglesia»), presenta esta Declaración de presuntas infracciones.

Antecedentes procesales y cuestiones jurisdiccionales

1. El 22 de septiembre de 2023, el responsable de admisión de casos de la Junta Disciplinaria de Obispos (la «Junta») remitió los asuntos tratados en la presente Declaración a un Panel de Referencia compuesto por el Rvmo. Clifton Daniel III, obispo presidente designado; el Rvdmo. Chilton Knudsen, presidente de la Junta Disciplinaria de Obispos; y la Rvdma. Barbara Kempf, responsable de la admisión de casos de obispos. El Rvmo. Nicholas Knisely sucedió al obispo Knudsen como presidente de la Junta en la primavera de 2024 y, en consecuencia, la sucedió como miembro del Panel de Referencia.

2. Los denunciantes son [omitido].

3. Tras examinar los asuntos presentados por la responsable de admisión de denuncias, el Panel de Referencia decidió, el 10 de octubre de 2023, remitir las denuncias para su investigación de conformidad con el Canon IV.11. Véase el Canon IV.6.8(c) (opción de remitir el asunto a investigación). Posteriormente, la Junta contrató a RC Services of New York, LLC (el «investigador») para llevar a cabo la investigación.

4. El 3 de mayo de 2024, el Investigador comunicó los resultados de su trabajo al Panel de Referencia.

5. Tras examinar la información facilitada por el Investigador, y tras la debida deliberación, el Panel de Referencia remitió el asunto a este Panel de Audiencia el 7 de junio de 2024. Véase el Canon IV.11.3(e) (remisión al Panel de Audiencia).

6. Este Panel de Audiencia fue designado por el presidente de la Junta para conocer y resolver los asuntos que se exponen a continuación, los cuales son de su competencia de conformidad con el Canon IV.13.

7. Se trata de un asunto eclesiástico que es competencia exclusiva de la Iglesia. Véase el Canon IV.19.1. Al prestar los votos de ordenación y recibir las Órdenes Sagradas, el demandado consintió en someterse a la jurisdicción de la Iglesia en lo que respecta a la resolución de presuntas infracciones de los Cánones. Id. De conformidad con los Cánones, los casos disciplinarios que afectan a obispos son investigados, juzgados o resueltos de otro modo por la Junta. Véase el Canon IV.17.3.a. El Panel de Audiencia en este asunto ha sido designado para examinar las pruebas e imponer cualquier medida correctiva autorizada por los Cánones. Véase el Canon IV.17.5.

Resumen de los hechos relevantes

8. En febrero de 2008, el Rvdmo. Prince Singh («el demandado») fue elegido obispo diocesano de la Diócesis Episcopal de Rochester («la Diócesis»). Fue consagrado obispo diocesano de la Diócesis el 31 de mayo de 2008 y desempeñó dicho cargo hasta su dimisión en febrero de 2022.

Episodio uno

9. En el año 2018, mientras asistía a un acto social, [omitido] recibió una denuncia de uno de los asistentes sobre una supuesta actividad sexual por parte de un sacerdote [omitido] [omitido]. Se desconocía [omitido] si las acusaciones eran ciertas o falsas. De ser ciertas, la conducta descrita habría constituido una infracción de uno o varios cánones de la Iglesia.

10. [Omitido] informó personalmente al demandado de que había recibido las denuncias de conducta indebida descritas en el párrafo anterior. [Omitido] recordó al demandado que tales acusaciones debían comunicarse sin demora a la Iglesia, tal y como exige el Título IV de los Cánones.

11. En lugar de comunicar las denuncias al responsable de admisión de la Junta, en lo que se refería al demandado, y al responsable de admisión diocesano, en lo que se refería al sacerdote, el demandado comunicó a [omitido] que se encargaría del asunto por otros medios.

[Omitido] se mostró en desacuerdo con esta forma propuesta de gestionar la denuncia, y, en concreto, con el hecho de desviar el asunto de los procesos de notificación obligatorios regulados por el Título IV de los Cánones, pero el demandado le advirtió que no se involucrara más en el asunto.

12. Las acusaciones nunca se comunicaron al responsable de la recepción de denuncias de la Junta, en el caso del demandado, ni al responsable diocesano de la recepción de denuncias, en el caso del sacerdote, desde el momento en que [omitido] presentó su denuncia inicial al demandado hasta la fecha.

13. En lugar de remitir las acusaciones contra el sacerdote al responsable diocesano de la recepción de denuncias, el demandado mantuvo una serie de contactos directos con el sacerdote. El demandado ordenó al sacerdote que recurriera [omitido] a servicios de salud mental y se esforzó por reasignar a [omitido] y, además, presionó a [omitido] para que aceptara condiciones de empleo que eran inaceptables para [omitido]. Entre estos contactos se incluyó una visita al domicilio del sacerdote por parte del demandado y de [omitido].

14. El intento de coaccionar al sacerdote incluyó amenazas por parte del demandado de presentar una denuncia en virtud del Título IV contra [omitido] si [omitido] no aceptaba las exigencias del demandado. Finalmente, [omitido] dimitió.

Segundo episodio

15. En otoño de 2017, el demandado asistió a un acto en una parroquia de la diócesis. Un líder laico presente en el evento, [omitido], declaró que [omitido] fue testigo de un incidente durante la visita en el que el demandado realizó tocamientos inapropiados a [omitido].

16. El laico, tras aproximadamente un año de vacilaciones, denunció el supuesto incidente al párroco [omitido]. La denuncia se puso en conocimiento de [omitido]. [Omitido] comunicó la denuncia directamente al demandado, recordándole que dicha denuncia debía ser comunicada obligatoriamente al responsable de admisión de la Junta, cuya función era y es exclusivamente recibir denuncias contra obispos.

17. El demandado reaccionó a esta notificación de forma explosiva, reprendiendo a [omitido] con términos soeces [omitido], [omitido]. El demandado insistió en que las acusaciones no se remitieran al responsable de la recepción de denuncias de la Oficina de Desarrollo Pastoral de la Iglesia, tal y como exige el Título IV de los Cánones.

18. [Omitido] se opuso a este tratamiento de la denuncia por considerarlo una violación de los Cánones. En respuesta, el demandado le dijo a [omitido] que [omitido] debía acatar su decisión o sería despedido [omitido].

19. El demandado ordenó a [omitido] que remitiera la denuncia al responsable diocesano de admisión de denuncias para que se tramitara íntegramente dentro de la diócesis; [omitido] acató la orden.

20. La investigación diocesana en virtud del Título IV exoneró al demandado. El responsable diocesano de la tramitación de denuncias desestimó la denuncia y emitió una carta con el membrete de la Junta Disciplinaria Diocesana a tal efecto, con fecha del 29 de noviembre de 2018. La carta informaba al denunciante de sus derechos de recurso en virtud de los Cánones, y le remitía de nuevo al procedimiento diocesano en lugar de a la Junta.

21. En relación con la misma denuncia, el demandado aprovechó la oportunidad para humillar públicamente a [omitido], quien denunció la supuesta conducta indebida. [Omitido].

22. Durante la reunión, el demandado criticó duramente en público a [omitido], quien había presentado la denuncia por tocamientos inapropiados. [Omitido] había instado al demandado a que no lo hiciera. No obstante, el demandado acusó a [omitido], delante de los asistentes, de mentir y de poner en peligro su reputación, su matrimonio, sus hijos y su familia. Cuando [omitido] intentó defender sus acciones, se le dijo a [omitido] que el asunto se había gestionado de acuerdo con el Derecho canónico.

23. Como consecuencia de esta muestra pública de hostilidad por parte del demandado, y por temor a que este pudiera tomar represalias contra la parroquia, el denunciante [omitido].

Disposiciones canónicas pertinentes

24. El canon IY.3.1.a establece que un miembro del clero estará sujeto a un procedimiento en virtud del Título IV por: «violar a sabiendas o intentar violar, directamente o a través de los actos de otra persona, la Constitución o los Cánones de la Iglesia o de cualquier diócesis».

25. El canon IV.3.1.e establece que un miembro del clero estará sujeto a un procedimiento conforme al Título IV por: «despedir, degradar o tomar represalias de cualquier otra forma contra cualquier persona por haberse opuesto a prácticas prohibidas en virtud del presente Título o por haber comunicado información relativa a una infracción, haber testificado o haber prestado asistencia en cualquier procedimiento previsto en el presente Título».

26. El Canon IV.3.2 establece que: «Un miembro del clero será responsable de cualquier incumplimiento de las normas de conducta establecidas en el Canon IV.4».

27. El Canon IV.1.f. establece que, en el ejercicio de su ministerio, un miembro del clero deberá: «comunicará al responsable de admisiones todos los asuntos que puedan constituir una infracción, tal y como se define en el Canon IV.2 y que cumplan los criterios del Canon IV.3.3, salvo aquellos asuntos que le hayan sido revelados al miembro del clero en su calidad de confesor en el marco del rito de la reconciliación del penitente.»

28. El Canon IV.4.1.h.9. establece que, en el ejercicio de su ministerio, un miembro del clero deberá «abstenerse de… cualquier conducta impropia de un miembro del clero».

29. El canon IV.2. describe la terminología utilizada en el Título IV, estableciendo que por «conducta impropia de un miembro del clero» se entiende: «cualquier desorden o negligencia que perjudique la reputación, el buen orden y la disciplina de la Iglesia, o cualquier conducta de tal naturaleza que acarree un descrédito sustancial para la Iglesia o para las Órdenes Sagradas conferidas por la Iglesia».

Delitos imputados

(Episodio uno)

30. En lo que respecta al Episodio uno, el demandado tenía la obligación de denunciar la presunta conducta indebida del sacerdote implicado ante el responsable de admisión de la diócesis. El demandado también tenía la obligación de comunicar las acusaciones de conducta indebida contra él al responsable de la recepción de denuncias de la Junta. Desde el momento en que tuvo conocimiento por primera vez de las acusaciones de conducta sexual inapropiada hasta la fecha, el demandado no tomó ninguna medida para comunicar dichas acusaciones. La omisión continuada de la denuncia, tanto en lo que respecta a sí mismo como al sacerdote, constituye una infracción del Canon IV.4.1.f., de la que el demandado es responsable en virtud del Canon IV.3.2.

31. La falta de denuncia de las acusaciones de conducta indebida por parte del sacerdote y del demandado constituyó, en cada caso, una infracción deliberada de los Cánones de la Iglesia, una infracción del Canon IV.3.1.a.

32. La orden dada a [omitido] de no denunciar la presunta infracción cometida por el sacerdote y de ignorar la omisión del demandado de denunciar dicha infracción, constituyó una infracción de los Cánones a través de los actos de otra persona, una infracción del Canon IV.3.I.a.

33. Los hechos y circunstancias del Episodio Uno en su totalidad, incluido el rechazo de las súplicas de [omitido] para que se cumplieran los requisitos de los Cánones de la Iglesia, ponen de manifiesto una negligencia o desorden que perjudicó el buen orden y la disciplina de la Iglesia, y constituyen una conducta impropia de un miembro del clero, lo que supone una infracción del Canon IV.4.1.h.9.

(Segundo episodio)

34. En lo que respecta al segundo episodio, el demandado tenía la obligación de comunicar una denuncia de su propia conducta indebida al responsable de admisión de la Junta Disciplinaria de Obispos. Tenía, además, la obligación de abstenerse de obstaculizar los esfuerzos legítimos de [omitido] para presentar una denuncia contra el demandado ante la Junta.

35. Desde el momento en que tuvo conocimiento por primera vez de la acusación de que había cometido una infracción canónica relacionada con tocamientos indebidos, el demandado no tomó ninguna medida para denunciar la acusación. La omisión continuada de la denuncia constituye una infracción del Canon IV.4.1.f., de la que el demandado es responsable en virtud del Canon IV.3.2.

36. El hecho de no denunciar la supuesta infracción constituyó una violación deliberada de los Cánones de la Iglesia, una infracción del Canon IV.3.I.a.

37. El hecho de remitir la denuncia —según la cual el demandado había incurrido en una posible infracción canónica— al proceso diocesano del Título IV, en lugar de remitirla al responsable de admisión de la Junta, constituyó una infracción deliberada de los Cánones de la Iglesia, una infracción del Canon IV.3.1.a.

38. La orden dada a [omitido] de no denunciar la supuesta infracción y de ignorar el hecho de que el demandado no la hubiera denunciado constituyó una infracción de los Cánones a través de los actos de otra persona, lo que supone una infracción del Canon IV.3.l.a.

39. Las amenazas de represalias, incluida la amenaza de despido, dirigidas a [omitido] se produjeron en respuesta a los esfuerzos legítimos de [omitido] por iniciar el proceso del Título IV tal y como se aplica a los obispos de la Iglesia, lo que constituye una infracción del Canon IV.3. Es decir,

40. Los hechos y circunstancias del Episodio Dos en su totalidad, incluida la humillación pública por parte del demandado de un miembro del laicado que denunció una presunta conducta indebida, acarrearon un descrédito sustancial a la Iglesia y socavaron su buen orden y disciplina, lo que constituye una conducta impropia de un miembro del clero, lo que supone una infracción del Canon IV.4.1.h.9.

Por lo tanto, el abogado de la Iglesia solicita respetuosamente que el Tribunal de Audiencia, tras la práctica de la prueba, dicte una resolución en la que imponga al demandado la pena que considere adecuada.

Fecha: 21 de junio de 2024

Craig Thomas Merritt
MerrittHill, PLLC
919 East Main Street
, Suite 1000
Richmond, Virginia 23219
(804) 916-1600
Abogado de la Iglesia