Es posible que hayas escuchado conversaciones sobre la «reforma de los permisos» en las últimas semanas, ya que el Congreso está analizando una legislación para actualizar el proceso de aprobación de grandes proyectos de infraestructura y energía. Ya sea que el Congreso tome medidas o mantenga el statu quo, las consecuencias son significativas. A continuación, ofreceremos una breve explicación sobre la reforma del sistema de permisos, compartiremos novedades sobre la legislación que el Congreso está analizando durante esta sesión de fin de mandato y daremos a conocer las resoluciones pertinentes de la Convención General y del Consejo Ejecutivo.
Muchos proyectos complejos —como plantas de gas natural, minas, parques solares, líneas de transmisión e infraestructura de transporte— requieren numerosos permisos y revisiones. Estos requisitos tan extensos a menudo impiden que los proyectos avancen, y muchos quedan estancados en el limbo durante hasta una década o más. Muchas jurisdicciones no han podido avanzar con proyectos importantes de infraestructura, y los que sí han avanzado suelen haber sido costosos y de avance lento. No se han realizado mejoras en nuestra red eléctrica, que necesita urgentemente una modernización. El sistema actual implica que Estados Unidos tiene una capacidad limitada para reparar y actualizar nuestra red eléctrica obsoleta, invertir en energía limpia, mejorar y expandir la infraestructura de transporte, reconstruir tras desastres naturales y más.
En el Congreso, la reforma del sistema de permisos —en otras palabras, cambiar los procesos federales de otorgamiento de permisos para acelerar los proyectos— ha sido históricamente un tema de interés bipartidista, en el que cada partido se ha centrado en diferentes aspectos de lo que debe reformarse y cómo hacerlo. Líderes de todo el espectro político han reconocido que se necesitarán negociaciones y compromisos bipartidistas para aprobar una reforma sustantiva del sistema de permisos. La alternativa —no aprobar ninguna reforma— implica un statu quo que frena nuestra capacidad para responder a las necesidades de infraestructura y energía, así como para reducir las emisiones de carbono.
La Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleo de Estados Unidos de 2026 (BAAJA), impulsada por los presidentes y miembros de mayor rango del Comité de Energía y Recursos Naturales y del Comité de Energía y Obras Públicas del Senado, está avanzando en el Congreso. El proyecto de ley propone modificaciones a la legislación vigente para acortar los plazos previstos para que los proyectos obtengan los permisos necesarios. Esto incluye cambios a la Ley Nacional de Política Medioambiental, la Ley de Agua Limpia, la Ley Nacional de Preservación Histórica y la Ley de Especies en Peligro de Extinción, entre otras. También propone directrices específicas para los centros de datos y disposiciones adicionales para garantizar la certeza en la concesión de permisos. Un aspecto notable del proyecto de ley sería la exigencia de que las empresas que construyan centros de datos proporcionen su propia energía, lo que ayudaría a proteger a las comunidades locales de tener que soportar la carga del consumo eléctrico de un centro de datos.
El proyecto de ley agiliza el proceso de otorgamiento de permisos tanto para proyectos de energía a base de combustibles fósiles como para proyectos de energía limpia. Además, introduce cambios significativos para la construcción y modernización de líneas de transmisión, que son fundamentales para una electrificación eficiente. Los modelos iniciales indican que este proyecto de ley contribuiría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incluso con un aumento previsto en el uso de combustibles fósiles debido a las autorizaciones relacionadas con ese sector energético.
Otros consideran que la propuesta no presta suficiente atención a las preocupaciones medioambientales, y algunos grupos de defensa se oponen a la legislación por eliminar importantes medidas de protección. La protección medioambiental y atender las necesidades de las comunidades particularmente en riesgo son fundamentales para este trabajo.
Al mismo tiempo, los expertos reconocen que la inacción tendrá consecuencias tanto para las poblaciones vulnerables como para el medio ambiente. La oposición rotunda a proyectos individuales de energía e infraestructura es una línea de acción común en la protección medioambiental; sin embargo, en conjunto, este enfoque frena los objetivos de los movimientos medioambientales al impedir la electrificación y las actualizaciones de la red eléctrica. También contribuye a los altos costos que enfrentan los más vulnerables. Basarse predominantemente en la oposición no resuelve los problemas más amplios y, a menudo, puede obstaculizar el progreso hacia la energía renovable y la protección medioambiental que se desean.
Las resoluciones de la Convención General instan a los episcopales a abogar por la eliminación total de los combustibles fósiles y una transición completa y justa hacia las energías renovables. Trabajamos para proteger los derechos tribales y abogamos junto a nuestros hermanos y hermanas indígenas para garantizar que sus voces sean escuchadas. También apoyamos la legislación y las políticas que buscan eliminar la discriminación racial, lo que incluye oponernos a cambios que puedan perjudicar de manera desproporcionada a las comunidades negras y latinas. Abogamos por la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y la conservación.
Esta legislación propone algunos cambios positivos hacia estos objetivos, entre los que destaca, de manera significativa, la opción de invertir en energía limpia y renovable. Al mismo tiempo, algunos aspectos del proyecto de ley suscitan serias preocupaciones en materia de protección medioambiental y justicia racial.
Desde la presentación inicial del proyecto de ley, se han propuesto varias enmiendas para mejorar la comunicación con los gobiernos tribales, ampliar los aspectos relacionados con la transmisión y garantizar que los derechos estatales de otorgamiento de permisos permanezcan intactos.
La reforma del sistema de permisos en sí misma no es una solución climática. Su propósito no es construir algo específico, sino solo garantizar que lo que se construya cuente con requisitos razonables, plazos y vías legales. Aunque reconocemos la necesidad de cambios en el statu quo, debemos tener presente cómo protegemos a los más vulnerables y ser conscientes de que las mejoras en el sistema de permisos pueden reforzar esas protecciones o, por el contrario, ponerlas fuera del alcance de las comunidades más afectadas. Como Iglesia Episcopal, seguimos abogando por una transición completa hacia la energía limpia, los derechos tribales, la justicia para las comunidades que han sido perjudicadas por el daño medioambiental, las especies en peligro de extinción y la protección de las tierras públicas.
Resoluciones de la Convención General y del Consejo Ejecutivo
- 2024-A098: Apoyo a la eliminación gradual de los combustibles fósiles
- 2022-A088: Renovación del compromiso de abordar el cambio climático global y la justicia medioambiental
- 2018-A020: Desinvertir en empresas de combustibles fósiles y reinvertir en energía limpia
- 2018-A011: Afirmar el compromiso de abordar el racismo medioambiental
- 2018-B026: Respaldar las Metas de Desarrollo Sostenible de la ONU como base para las políticas y las acciones
- 2015-C045: Llamado a invertir en energía limpia y renovable
- 2015-C013: Oponerse al racismo medioambiental
- 2012-B023: Buscar la justicia medioambiental
- 2009-C011: Orienta la defensa de las energías renovables y la gestión medioambiental
- EXC022002.20: Apoyo a la legislación basada en la conservación
Términos clave
- Reforma de los permisos: término genérico que se utiliza para describir los cambios en los procesos federales de otorgamiento de permisos con el fin de acelerar los proyectos. Se aplica a centrales eléctricas, líneas de transmisión, generación de energía, la red eléctrica, minería, emplazamientos industriales, etc.
- Seguridad en la concesión de permisos: se refiere a garantizar que los proyectos que hayan recibido los permisos necesarios para su construcción no puedan ser detenidos por una administración presidencial que se oponga a ellos.
- Ley Nacional de Preservación Histórica (NHPA): una ley de 1966 destinada a establecer alianzas entre los gobiernos federal, estatal, tribal y local para preservar los sitios históricos en todo el país.
- Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA): una ley que se aplica a todas las agencias y acciones federales para evaluar los impactos que los proyectos tendrán en el medio ambiente. Es la ley que exige la elaboración de declaraciones de impacto ambiental (EIS). La ley en sí misma no aprueba ni rechaza proyectos; solo garantiza que se consideren y comprendan los impactos ambientales.





