Al 119.º Congreso solo le quedan unas pocas semanas de sesiones antes de que el nuevo Congreso tome posesión en enero. El Congreso debe abordar prioridades clave durante este tiempo, incluyendo el financiamiento del gobierno y la aprobación de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA). Además, este período puede ser una oportunidad para que otros proyectos de ley que hemos promovido, incluyendo aquellos que ya hayan sido aprobados por una de las cámaras, avancen en la recta final antes de que concluya la sesión.
Todas las alertas de acción en nuestro sitio web pueden utilizarse para su labor de cabildeo durante las próximas semanas. A continuación, hemos destacado algunas de ellas.
Pídele al Congreso que proteja a los más vulnerables
El Congreso debe aprobar una ley para financiar al gobierno antes del 11 de diciembre a fin de evitar un cierre gubernamental. Insta a tus representantes a que orienten el gasto federal de manera que refleje un cuidado especial por quienes más lo necesitan. La Iglesia Episcopal hace un llamado a dar prioridad a las partidas presupuestarias federales que contribuyan a aliviar la pobreza, como reflejo de nuestros valores de fe. Mateo 6:21 dice: «Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón».
Nuestros fondos públicos deben respaldar servicios nacionales esenciales como la atención médica, la vivienda y la protección medioambiental, así como apoyar la ayuda humanitaria internacional fundamental en materia de salud, construcción de la paz, nutrición y preparación para desastres.
Escriban al Congreso ahora mismo e insten a sus miembros a financiar al gobierno y, en cualquier proyecto de ley de financiamiento, a dar prioridad a los más vulnerables, tanto a nivel nacional como en el extranjero.
Para hacer frente a la creciente frecuencia y gravedad de los desastres, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la principal agencia de preparación y recuperación ante desastres en los EE. UU., debe continuar reformándose de manera que sea más eficiente y eficaz al responder a los desastres naturales.
La Ley FEMA de 2025, de carácter bipartidista, presentada por miembros del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, introduciría mejoras sustanciales para optimizar la capacidad de la FEMA de responder y brindar ayuda rápidamente después de un desastre.
Únete a nosotros hoy mismo y exhorta al Congreso a aprobar la Ley de la FEMA de 2025.
Apoye la Ley de Protección del Personal Religioso
Nuestras comunidades religiosas dependen de trabajadores religiosos dedicados provenientes de todo el mundo. La ley de inmigración actual exige que estas valiosas personas y líderes comunitarios abandonen los Estados Unidos después de cinco años, lo que perturba a las congregaciones, la atención espiritual y los ministerios vitales que ayudan a las comunidades locales.
La Ley de Protección de la Fuerza Laboral Religiosa, de carácter bipartidista, presentada por los senadores Tim Kaine, Susan Collins y Jim Risch, permitiría a los trabajadores religiosos con solicitudes de residencia EB-4 pendientes extender sus visas R-1, evitando salidas innecesarias y garantizando la estabilidad de las instituciones religiosas.
Pídales a sus representantes en el Congreso que apoyen la Ley de Protección del Personal Religioso para salvaguardar las inestimables contribuciones de los trabajadores religiosos en nuestras comunidades.
Apoye la rendición de cuentas en la detención migratoria
Durante años, los defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por el proceso de detención, las condiciones de detención y la imposibilidad de que las personas detenidas tengan acceso a atención médica, representación legal, comunicación con sus familiares y apoyo religioso y humanitario. Y dado que la detención migratoria alcanzará niveles históricos en 2026, los legisladores deben trabajar para fortalecer la supervisión y la rendición de cuentas de los centros de detención migratoria que reciben financiamiento federal.
Póngase en contacto hoy mismo con sus representantes en el Congreso e instelos a aprobar disposiciones sólidas que aumenten la transparencia, fortalezcan la supervisión, exijan informes sobre las condiciones de detención, protejan el acceso a la asesoría legal y la comunicación con la familia, salvaguarden la atención religiosa y pastoral, y garanticen la rendición de cuentas cuando surjan inquietudes.
